BRASILIA, Brasil, 30 January 2017 /PRNewswire Policy/ — La presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), ministra juez Cármen Lúcia, homologó las delaciones de 77 ejecutivos y ex empleados de la empresa Odebrecht, quienes detallan el esquema de corrupción en Petrobras, investigado por la Operación Autolavado.

Como resultado, más de 800 declaraciones hechas por los delatores al Ministerio Público Federal se convirtieron en legalmente válidas, es decir, se pueden utilizar como pruebas.

Entre los denunciantes está el ex presidente del grupo, Marcelo Odebrecht, detenido desde 2015 en Curitiba y ya condenado a 19 años de prisión por la primera instancia de la Justicia Federal.

La expectativa ahora es por saber si Cármen Lúcia eliminará la confidencialidad de las delaciones, en las que se citan, como involucrados en el pago de sobornos, a docenas de políticos actualmente con mandato.

La homologación se produce después de la muerte del relator de la Operación en la Corte Suprema, el ministro juez Teori Zavascki, debido a un accidente aéreo en el mar cerca de Paraty, en Río de Janeiro, el pasado día 19. Zavascki trabajaba durante el receso del poder judicial para poder homologar rápidamente las delaciones. Tras su muerte, le tocó a la ministra Cármen Lúcia, como presidenta de la Corte, la prerrogativa de hacerlo. Después del receso que termina mañana (31), Cármen Lúcia ya no podrá tomar decisiones relacionadas con la Operación, que correrá a cargo del próximo relator.

La definición sigue siendo tema de especulación en la Corte, ya que el estatuto prevé distintas posibilidades. No se sabe, por ejemplo, si el próximo responsable por la Operación será sorteado entre todos los que componen el pleno o solo entre los que forman parte del segundo grupo, colectivo a que pertenecía Teori.

Departamento de sobornos

Según investigaciones de la Policía Federal (PF) autorizadas por el juez federal Sérgio Moro, en Curitiba, la compañía Odebrecht contaba, en su organigrama, con un departamento oculto destinado únicamente al pago de sobornos, denominado Sector de Operaciones Estructuradas.

El grupo de trabajo de la Operación Autolavado descubrió que había empleados dedicados exclusivamente a procesar los pagos, los cuales eran autorizados directamente por el liderazgo de la compañía.

Todo era registrado por un sofisticado sistema de computadoras, con servidores en Suiza, a cuyo contenido el Ministerio Público Federal todavía lucha por tener acceso, debido a los rígidos protocolos de seguridad.

En marzo del año pasado, en la etapa 23 de la Operación Autolavado, llamada Operación Acarajé, la Policía Federal incautó, en la casa de Benedicto Barbosa da Silva Júnior, ex ejecutivo de Odebrecht, una hoja de cálculo en que se enumeran pagos a más de 200 políticos. La lista se encuentra bajo sigilo.

Los esquemas ilegales de la compañía se extienden más allá de las fronteras de Brasil. Odebrecht está investigada en al menos tres países latinoamericanos: Perú, Venezuela y Ecuador. En un acuerdo firmado con la Justicia de Estados Unidos a finales de diciembre, la empresa admitió el pago de alrededor de US$ 1 mil millones en sobornos a empleados de gobiernos de 12 países.

SOURCE Agência Brasil – Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC